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Nota de prensa sobre el nuevo proyecto de Decreto regulador de las Bolsas de Empleo para cubrir las vacantes de plazas reservadas a Funcionarios de Habilitación Nacional

Tras la presentación esta mañana en Valladolid del Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León sobre el nuevo proyecto de Decreto regulador de las Bolsas de Empleo para cubrir las vacancias de plazas reservadas a Funcionarios de Habilitación Nacional, determinados titulares han destacado, desafortunadamente, un aspecto de la regulación que podría llevar a conclusiones equivocadas a sus lectores.

A la vista de lo anterior, esta organización colegial manifiesta que,

La aplicación del denominado “Espacio Bolonia” a las titulaciones de enseñanza universitaria, y la regulación genérica que recogió el Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2005, llevaron al Ministerio de Política Territorial y Función Pública a abrir las convocatorias de vacantes de Secretarios, Interventores o Tesoreros de Administración Local a los egresados de cualquier rama, y no a las específicas que hasta entonces se solicitaban para esos funcionarios, a pesar de la oposición de este Colegio, por considerar que la titulación del funcionario ha de guardar relación directa con sus funciones.

Puesto que las reservadas a estos funcionarios por la normativa de régimen local son el ejercicio de la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo, el control interno, la contabilidad y la tesorería de los entes locales, su correcto desempeño exige amplios conocimientos fundamentalmente en los ámbitos jurídico y económico. Para la obtención de la habilitación, deben superarse unas oposiciones rigurosas y exigentes, con amplios temarios cuyo conocimiento es necesario para la adecuada realización de las funciones. Consideramos que anticipar la noticia utilizando titulares como “cualquier licenciado podrá ser secretario de Ayuntamiento” puede considerarse que denosta gravemente esta profesión, intentando reducir su importancia desde el punto de vista social, haciéndola aparecer como una profesión que se puede desempeñar sin mayor esfuerzo por cualquiera que se anime a intentarlo. Por otra parte, resalta de manera tendenciosa, como si fuera una novedad del decreto autonómico, algo que es una mera posibilidad normativa que se ofrece desde hace muchos años en la normativa nacional. Los datos estadísticos demuestran que, mayoritariamente aprueban las oposiciones los egresados de las ramas jurídicas o económicas.

En segundo lugar, nuestra profesión está sufriendo gravemente las consecuencias de dos problemas: en primer lugar, la falta de efectivos, existiendo un gran número de plazas vacantes y, en segundo lugar, la falta de profesionalidad de alguno de aquellos que están ocupando de manera interina esas plazas vacantes. Respecto al primer problema, llevamos tiempo exigiendo a los diversos gobiernos nacionales la convocatoria de todas las plazas vacantes sin que la misma se haya producido.

Respecto al segundo problema, como anteriormente se ha dicho, el ejercicio de las funciones reservadas exige la posesión de amplios conocimientos y un ejemplar ejercicio de responsabilidad, ya que las mismas nos configuran como elementos indispensables e imprescindibles en el funcionamiento de cualquier Entidad Local, de modo que, el desempeño de las mismas por personas que carecen de los conocimientos y capacidad necesarios para ello, puede provocar graves quebrantos para las arcas locales, así como para los ciudadanos, que sufren las consecuencias de la falta de profesionalidad en los servicios que reciben.

Ante esa situación, consecuencia de la inoperancia de las bolsas de interinos autonómicas existentes, y de las sucesivas convocatorias mediante concurso realizadas unilateralmente por los distintos ayuntamientos, que fomentan la movilidad de los interinos, la organización Colegial regional, liderada por el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Valladolid, ha colaborado estrechamente en la redacción del proyecto de Decreto regulador de las Bolsas de Interinos presentado por el Excmo. Sr. Jesús Julio Carnero, Consejero de Presidencia de Castilla y León, que afirmaba esta mañana que “sin secretario no hay alcalde”.

Precisamente para asegurar que los cargos electos puedan desempeñar sus atribuciones, consideramos necesario acreditar que aquellas personas que van a cubrir temporalmente las vacantes de Secretario-Interventor, poseen unos conocimientos mínimos de determinadas materias básicas que garanticen el ejercicio de las funciones reservadas de forma responsable y satisfactoria.

De esta manera, celebramos que se exija la superación de un examen o de un curso selectivo, y estaremos vigilantes para que los mismos sean lo suficientemente exigentes para garantizar esos conocimientos mínimos.

En cualquier caso, consideramos que la aprobación de este nuevo decreto debe considerarse como una solución temporal, un parche para salir de la situación anteriormente expuesta. No debemos entender que una medida coyuntural y temporal como la que se propone, de cobertura de vacantes por parte de interinos, se puede convertir en la solución estructural y definitiva, sobre todo porque la normativa en este momento ha limitado a tres años la duración de las interinidades. Como se ha indicado ya, es necesario que, o bien se convoquen más plazas en las correspondientes oposiciones, o bien se proceda a ajustar la planta de las agrupaciones de municipios constituidas para el sostenimiento de los puestos reservados a funcionarios de Habilitación Nacional dotándolas de medios personales y materiales, y sobre todo y con urgencia, se proceda al mismo tiempo a reforzar los Servicios de Asesoramiento a Municipios de nuestras Diputaciones Provinciales, obligadas a garantizar el ejercicio de nuestras funciones en los pequeños municipios.

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